La crisis socio-sanitaria consecuencia de la pandemia del Covid-19 está provocando un gran impacto psicológico en la población y pone de manifiesto la consideración y la atención que nuestro sistema ofrece a las personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas personas de edad avanzada.

Estamos hartos de escuchar que según la OMS, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”, no obstante, en esta pandemia se ha hecho evidente que la ausencia de enfermedad Covid-19 ha sido y es el único objetivo, obviándose otras consecuencias para la salud que los confinamientos y las pérdidas están ocasionando en las personas.

El alargamiento del confinamiento sufrido sobre todo en las residencias de mayores está afectando a todas las dimensiones del ser:

  • a nivel físico: disminución de funciones motoras, carencia de vitamina D, problemas de sueño, empeoramiento de las afecciones previas…
  • a nivel social: reducción de contactos sociales, merma del apoyo a y de las familias, perdida de roles, soledad…
  • a nivel cognitivo: declive de las funciones cognitivas por falta de estimulación en especial en las personas con algún deterioro previo; desorientación ante los cambios de rutinas, hábitos o espacios; aumento de las alteraciones de conducta en las personas con demencia…
  • a nivel emocional: duelos complicados, trastornos obsesivos e hipocondriacos, ansiedad, miedos, tristeza, desmotivación vital, etc.
Que las personas puedan sentirse acompañadas emocionalmente ante cualquier pérdida, debería ser el camino en la atención socio-sanitaria integral y de calidad

Debemos alegar que, en términos globales, las personas de edad suelen tener una buena capacidad de adaptación a los cambios, son la generación que ha pasado de vivir sin luz a manejar televisiones y teléfonos inteligentes. Además, por la mayor vivencia de experiencias, su capacidad de resiliencia ha sido entrenada, ya que muchas de ellas, han crecido en la crisis de la postguerra, han sufrido las emigraciones masivas y han pasado inevitablemente por duelos ante sus pérdidas previas.

Pero, la excepcionalidad de esta crisis, la incertidumbre y el alargamiento de la misma, está desequilibrando nuestros valores, esperanzas, rutinas, recursos y redes de apoyo. Dentro de los centros gerontológicos, los profesionales se ven desbordados por el aumento de la necesidad de acompañar emocionalmente a las personas mayores y sus familiares, e incluso muchos profesionales notan las consecuencias psicológicas que toda esta vivencia les está acarreando  a ellos mismos. Nos preocupan especialmente las consecuencias psicológicas en las residencias, ya que según los datos de Ministerio, a día de hoy más del 45% de las muertes notificadas en nuestro país se han producido en personas que vivían en dichos centros.

El valor que el profesional de la psicología puede aportar a los equipos interdisciplinares de los distintos contextos donde viven las personas mayores, es algo que llevamos años reivindicando desde la Asociación Española de Psicogerontología. Por ello, deseamos que las vivencias asociadas a esta crisis puedan poner sobre la mesa de muchas entidades, al menos la posibilidad, de contar entre sus trabajadores/as con un psicólogo/a.

No existen estudios amplios sobre el grado de presencia de este profesional en los centros gerontológicos, pero nuestra experiencia indica que la incorporación en el sector va mejorando, en especial en las empresas grandes de carácter privado que disponen de varios centros o servicios. Sin embargo, las cientos de residencias medianas o pequeñas que existen en todos los puntos del país no cuentan con este profesional por diferentes razones.

Algunas de las causas de su ausencia en los equipos pueden ser las siguientes: el desconocimiento de su rol y sus funciones (para paliar esta razón la A.E.P.G publica y difunde un tríptico informativo); la relegación a un segundo plano de la atención psicológica priorizando otras atenciones; cuestiones económicas; el ejercicio de funciones propias del psicólogo por otros profesionales; la falta de una normativa que lo regule (la SEGG elaboró un estudio comparativo de las normativas de las residencias por CC.AA el año pasado que nos muestra la variabilidad en muchos aspectos), etc.

Las funciones del profesional de la psicogerontología son muy amplias y enriquecedoras para todos los agentes implicados en un centro gerontológico ya sea de atención diurna o residencial. Evaluación cognitiva y emocional, apoyo en el proceso de adaptación al centro, psicoterapia individualizada para residente o familiares, elaboración e implantación de programas psicoeducativos y/o de entrenamiento cognitivo, asesoramiento y consultoría, formación a profesionales, elaboración de informes, mediación familiar o laboral, son algunos ejemplos que perfilan el rol de este tipo de profesionales.

Continuando con los tiempos del Covid, nos encontramos con personas que han o están vivenciando pérdidas de toda índole: hijos que no pueden desplazarse para visitar a sus familiares en otra comunidad, residentes que no pueden despedir a sus parejas cuando fallecen, personas que sufren casi en soledad el impacto de sufrir la enfermedad Covid-19, familias o profesionales que notan como el residente se deteriora cognitivamente pero no saben o tienen recursos para actuar, profesionales que sufren agotamiento emocional, etc.

Por ello, no podemos caer en reduccionismos creyendo que el duelo sólo se despliega cuando una persona fallece y que la única pérdida en sí es la pérdida de seres queridos a través de la muerte. El dolor emocional y el sufrimiento nacen con otras muchas pérdidas que se hace necesario honrar y acompañar de manera profesional. Honrar todas las pérdidas comporta legitimar, no comparar y validar por igual a todas las personas que sufren. Que las personas puedan sentirse acompañadas emocionalmente ante cualquier pérdida, debería ser el camino en la atención socio-sanitaria integral y de calidad.

Esta crisis está contribuyendo a que afloren carencias importantes en nuestro actual sistema de cuidados y que se debata sobre un sistema coordinado de cuidados de larga duración en nuestro país. Por ello, muchos gerontólogos defendemos que las personas mayores que residen en residencias sean consideradas ciudadanas con las mismas condiciones de acceso a la sanidad pública que el resto, independientemente de su edad, su estado de salud o su lugar de residencia.

Creemos conveniente que durante la pandemia, las medidas adoptadas busquen un equilibrio entre la protección y el derecho a la libertad. Sobreproteger a las personas mayores es una actitud paternalista y en ocasiones edadista que conduce a consecuencias devastadoras para la integridad emocional de las personas y que indirectamente puede afectar a su calidad de vida. Proponemos, además, dejar nuestro rol de “expertos” a la hora de acompañar, para convertirnos en facilitadores de la vida del otro. Podemos asesorar en calidad de expertos, pero no debemos proponer cambios sin la opinión y consenso de las personas afectadas por los mismos. El proyecto de vida lo construye cada persona (con apoyos o sin apoyos).

Si se prioriza la protección por encima de todo, podemos caer en el retorno a modelos asistenciales y hospitalarios, muy alejados de las bondades del modelo “hogar” por el que tanto se ha luchado en los últimos años. Según los testimonios recogidos en pandemia por la Fundación Pilares sobre profesionales que se habían embarcado en el cambio de modelo, estos relatan su tremenda sensación de frustración y tristeza al verse inmersos en un escenario de involución en el camino de la transformación hacia el buen trato y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas mayores en sus centros (se ven obligados a cumplir protocolos alejadas del modelo AICP, se toman decisiones ajenas a los intereses de las personas sin consultarles, se les priva de la compañía de sus seres queridos hasta en el momento de morir; se retoman las sujeciones físicas y químicas, etc.) En palabras de Javier Gafo, “el reto no debe ser solo la salud de la humanidad, si no la humanización de la salud”.

Por ello, y para terminar, animo no solo a las empresas del sector a replantearse la inclusión del psicólogo a sus equipos como forma de mejorar el bienestar integral, sino también a las familias, para que lo soliciten en los centros como un servicio con gran valor para ellos y sus familiares cuidados. Existe muchas formar de obtener dicha atención psicológica, desde un profesional contratado por el centro, hasta un profesional externo que de manera autónoma ofrece sus servicios en dicho centro. La A.E.P.G cuenta con una bolsa de empleo y una red de psicogerontólogos para dar respuesta a ambas necesidades.